El infierno (del latín infernum) es conocido como el lugar donde, después de la muerte, los condenados son sometidos a un castigo eterno, un lugar donde se habita con una calidad mala o difícil de tolerar por las condiciones ambientales deplorables, corruptas o peligrosas. Es por esto que cerca de 50 zonas en México que padecen gravísimos problemas de contaminación, y de las que en realidad se sabe muy poco, son conocidas como “infiernos ambientales” o regiones de emergencia ambiental. Estas zonas afectadas incluyen sitios asociadas al abuso de cuerpos de agua y la contaminación de suelos, agua y aire generando enfermedades y dificultando la vida de comunidades completas.
En estas regiones se concentran y superponen diversos procesos de emisiones, así como vertidos de todo tipo de contaminantes a gran escala: descargas sólidas, líquidas y aéreas de las grandes ciudades, corredores turísticos e industriales, agroindustriales y emplazamientos extractivos.
Muchas de ellas están localizadas cerca de zonas en las cuales se ha abusado del territorio y del medio ambiente por parte de diferentes actores industriales sin que hubiera una regulación adecuada por parte del gobierno. Por ejemplo, la hallamos en zonas de explotación minera a cielo abierto en Sonora; la zona petrolera alrededor de Coatzacoalcos, Veracruz; la región aguacatera en Michoacán; las granjas porcícolas y de siembra de soya en la Península de Yucatán y regiones industriales en Estado de México, Jalisco y Guanajuato.
Afortunadamente en el último año se ha puesto en marcha el diseño y coordinación de un diagnóstico socio-científico, el cual es compartido por las comunidades que habitan en las regiones de emergencia ambiental junto con grupos de científicos que tienen el compromiso de impulsar respuestas intersectoriales a estas emergencias ambientales, para que con el tiempo se logren soluciones a los problemas que se han dado en estas regiones.
Estos diagnósticos socio-científicos son puestos en marcha con ayuda de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) del CONACYT, que organizan los esfuerzos de investigación en torno a problemáticas nacionales concretas que, por su importancia y gravedad, requieren de una atención urgente y de una solución integral, profunda y amplia, como es el caso de las problemáticas relacionadas a las regiones de emergencia ambiental. En suma, lo que se busca es apoyar e impulsar la defensa de los derechos colectivos a la salud, ambientales y territoriales en nuestro país, mediante la implementación y planteamiento de un modelo integral de restauración en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente, organizaciones civiles y trabajo colaborativo con CONACYT.
El modelo de restauración que surgió por parte de los PRONACES, se vio implicado en los siguientes puntos:
- Una convergencia de voluntades sociales, académicas y políticas
- Disposición de las comunidades a resolver los problemas trabajando en conjunto con los científicos
- Monitoreo y regulación del aire con la participación social
- Un ordenamiento territorial y restauración ecológica
- La integración de instrumentos e instituciones.
Este modelo pretende disminuir el aporte de contaminantes, recuperar e incrementar la capacidad auto depurativa del medio ambiente y recuperar la apropiación del territorio por parte de las comunidades locales.
Por otro lado, también es necesario presionar a las diversas áreas de gobierno de todos los niveles, regulando y monitoreando la actividad contaminante de los diversos actores y comprometiéndonos como academia a priorizar las problemáticas y trabajar con las comunidades para proponer soluciones.
Si deseas saber más sobre estas regiones ambientales, diferentes investigadores y organizaciones comunitarias han expuesto su experiencia y conocimientos sobre la problemática que experimentan los territorios en webinarios organizados por el CONACYT. En estos mismos se presentó un modelo integral de restauración planteado por los PRONACES y conclusiones generales, todos disponibles en la página del CONACYT.
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