Por Paloma Maldonado García | 22 de marzo de 2021
Edición por Mauricio Bastién Olvera
A propósito del Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo, consideramos necesario traer al espacio de Planeteando un reflexión general sobre la intersección de los temas de seguridad y medioambiente, para abordar la problemática particular del mercado negro del agua. Si bien es cierto que el acceso al agua es un derecho humano universal, también es verdad que hay leyes que regulan su correcta distribución y aprovechamiento. Sin embargo, estas no evitan la existencia de un mercado negro en el que particulares se apropian, venden y lucran con este recurso natural para saciar sus intereses personales.
Cabe recordar que la manipulación ilegal del agua no es la única acción ilícita que perjudica de manera directa al medio ambiente. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC, por sus siglas en inglés), existen diversos delitos ambientales que afectan a la vida silvestre, al hábitat natural, y por ende a la salud y la seguridad humana. Entre ellos se encuentran el tráfico ilegal de flora y fauna, el tratamiento inadecuado de residuos electrónicos o peligrosos, la pesca y la tala ilegal, los delitos forestales, entre otros.
Existen diversos delitos ambientales que afectan a la vida silvestre, al hábitat natural, y por ende a la salud y la seguridad humana.
La articulación de mercados negros de agua no es un fenómeno que se desarrolla de manera aislada. Por el contrario, hay registros de la práctica de esta actividad en diferentes partes del mundo. Se tiene conocimiento de que en barrios de la India existen redes ilegales de traficantes de agua que aprovechan la escasez de recursos que el Estado ofrece para vender este bien natural a exhorbitantes precios, los cuales los habitantes se ven obligados a pagar debido a las limitadas opciones a las que se enfrentan. Una de las soluciones que se plantean ante este problema es la implementación de recursos tecnológicos para que recojan el agua de lluvia que se canaliza bajo la tierra, pues la India es el tercer país con la peor calidad de agua en el mundo debido a que el 70% de sus recursos acuíferos se encuentran contaminados.
En España el mercado negro de agua funciona de diferente manera. Por ejemplo, en la ciudad de Murcia en el año de 2003 se acusó a funcionarios y a las autoridades locales responsables de la gestión del agua en la cuenca del río Segura de permitir el funcionamiento de pozos ilegales de agua. Estas extracciones eran gestionadas por grupos empresariales que vendían el agua a agricultores y la utilizaban a su favor para desarrollos urbanísticos y para regar campos de golf. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia levantó una investigación en su contra.
Sin embargo, para 2017 el Ministerio del Medio Ambiente estimó la posible existencia de más de un millón de pozos ilegales de agua funcionando en el país. De acuerdo con Greenpeace este es uno de los delitos contra el medio ambiente que más se cometen en España, pero paradójicamente, es uno de los que menos se persigue debido a la falta de información y de medios que poseen las fiscalías, lo cual contribuye a que se perpetue la impunidad.
En México, la existencia de pozos ilegales de agua es tan sólo el inicio de una larga lista de actividades ilícitas que grupos con intereses privados realizan para beneficiarse de este recurso natural. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha reportado además la apropiación de ríos por parte de particulares, la acaparación de agua por parte de empresarios, el uso inapropiado por parte de políticos para regar sus ranchos y un mercado negro de títulos de concesiones de agua que se vale de la falsificación y venta de documentos apócrifos.
En México, la existencia de pozos ilegales de agua es tan sólo el inicio de una larga lista de actividades ilícitas.
Estas irregularidades en el sistema se valen de las fallas en la ley y de la poca capacidad de supervisión de este recurso por parte del gobierno, la cual resulta en escasas posibilidades de detectar y castigar a quienes inflingen las normas. Con el objetivo de escuchar a las voces que puedan ayudar a modificar y mejorar la todavía vigente Ley de Aguas Nacionales de 1992, la Cámara de Diputados convocó entre 2018 y 2019 a 36 foros en todos los estados en los que participaron expertos, empresarios, asociaciones civiles, productores agrícolas, ganaderos y vinícolas, así como académicos y representantes de los pueblos indígenas, quienes plantearon las problemáticas de cada entidad respecto al uso del agua y propusieron soluciones al respecto. A pesar de que ya se encuentra redactada la nueva iniciativa de ley, aún falta que se apruebe en las sesiones legislativas.
No cabe duda de que aún queda mucho por trabajar para solucionar las dificultades relacionados con el uso del agua, incluyendo la erradicación de los mercados negros que trafican con ella. De acuerdo con una investigación del World Resources Institute (WRI), para resolver la problemática respecto al agua es necesario que se invierta el 1% del PIB a nivel mundial. Para que ello sea posible, es necesario que los gobiernos y autoridades de cada país prioricen el tema en sus agendas. Invertir en infraestructura es tan solo el inicio de una larga lista de acciones que hacer al respecto, como la actualización de legislaciones y la creación de mecanismos que regulen y vigilen el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas de agua a nivel mundial.
Imagen de portada: Alguien lavándose las manos con agua de tubería. Créditos: Macau Photo Agency en Unsplash